Mucho se ha comentado sobre las precampañas, particularmente la actividad relacionada con la recaudación de fondos electorales en períodos fuera de lo legalmente determinado por la ley. Pero, fuera de esa discusión, ya es un hecho que se está comenzando a preparar la gran pelea que viene: las elecciones municipales del próximo año, que serán un hito decisivo. Como toda política es local, lo que se haga hoy tendrá gran impacto sobre esa contienda. En este sentido, legal o no, la pre-precampaña ha comenzado.
Una herramienta que tiene el oficialismo para comenzar a dar la batalla de 2016 es la confección del presupuesto de ese año, proceso que ya ha partido. Rodrigo Valdés tendrá que resistir presiones para expandir el gasto público aún más, particularmente en un contexto de desaceleración económica. El aumento en el desempleo, si sigue la tendencia actual (y lo hará, una vez que la introducción del IVA impacte sobre la actividad inmobiliaria), traerá presiones adicionales, como también lo hará el efecto que tendrán las múltiples emergencias y preemergencias ambientales sobre el crecimiento. Volarán los bonos.
Eso significa que el aumento fiscal será mayor que la tasa de crecimiento, tal vez hasta el doble. La preferencia de Valdés es mantener la billetera controlada y evitar comprometerse con desembolsos permanentes. Igualmente, la incertidumbre generalizada creada por las reformas introducidas y prometidas, las movilizaciones y el ambiente económico internacional, incentivarán a Hacienda y a la Dirección de Presupuestos a armar un proyecto de ley que ofrezca algo de calma a los mercados. La resistencia del ministro a las muñecas políticas será la gran prueba de sus primeros meses, porque los partidos ya tienen en la mira a las municipales, y a las condiciones económicas en que se encontrará el país en aquel momento. Tratarán de influir en que el Estado sea generoso y derrochador.
Las tiendas políticas ya han comenzado a manifestar su preocupación por el hecho de que entrarían en el ciclo electoral con bajísimos niveles de aprobación. Algunos personajes de la Democracia Cristiana, en particular, han señalado que las condiciones no son propicias para mantener el voto de aquéllos que normalmente apoyan a ese partido. La DC está preocupada porque electores de centro opten por “otras líneas o posiciones”, en la medida que comiencen a aparecer alternativas reales de centro u ofertas de otra índole más independiente, o incluso antisistémicos. Para evitar que los candidatos se desprendan de sus identificaciones de domicilio político (aun más que lo usual), los partidos tendrán que empezar ahora a dar las señales necesarias. Como ha demostrado el voto de la Comisión de Constitución de la Cámara sobre el aporte de empresas, los bloques tradicionales siguen dando señales de que no entienden bien el nivel de desencanto y desafección con los socios de la Alianza y la Nueva Mayoría –a pesar de que éstos llevan por lo menos una década con bajísimos niveles de confianza según todas las encuestas de opinión.
Este último punto refleja el dilema que tiene el Gobierno en cuanto a la agenda de probidad. Los partidos no saben de dónde conseguirán financiamiento –los ciudadanos no quieren ni financiamiento público ni privado–. Tampoco es posible que se realicen las municipales con el sistema vigente. A la vez, el voto a favor de los aportes de las empresas muestra que los partidos desean asegurar que el nuevo orden los siga favoreciendo. Cualquier ley nueva sobre los dineros de la política debe abrir los espacios a otros actores, pero los parlamentarios harán todo lo contrario.
La idea de reintroducir el voto obligatorio obedece a la misma lógica. Como el planteamiento de ideas y propuestas no fue suficiente para atraer votantes, es más fácil crear un mercado cautivo, multando a quienes no vayan a las urnas. Pareciera que, en manos del Congreso, la agenda de transparencia terminará por proponer reglas que minimicen la amenaza a los partidos y candidatos incumbentes, aseguren recursos, y dificulten la entrada de nuevos actores.
Pero esto último choca con la realidad. Las elecciones municipales del próximo año, con un sistema proporcional, serán el escenario ideal para testear grupos y partidos, antes de entrar a competir bajo el nuevo sistema electoral en 2017, que avanza hacia corregir las distorsiones del binominal. No es casualidad que comiencen a aparecer grupos que se alejan de las ideas y las ideologías conocidas, con propuestas antisistémicas y populistas, y apuntando al apoyo de todos, fuera de las típicas divisiones de izquierda y derecha.
Como hemos visto en Grecia, las propuestas demagogas son populares; votar por una política generosa, pagada por otros, suele ser más atractivo que aceptar el sacrificio de los tiempos difíciles. En el mediano plazo, sin embargo, estas ofertas solamente sirven para profundizar la crisis, pues la respuesta a una recesión es lidiar con los problemas de la economía, del mismo modo que la salida de la crisis institucional es fortalecer las instituciones.
Si bien siempre en cotejos municipales entran lógicas comunales, el poder de los caciques locales, etcétera, los comicios de 2016 se realizarán en un contexto nuevo para Chile. Qué se les ofrecerá, a nivel tanto discursivo como programático, a las y los chilenos será la prueba de cómo ha podido reaccionar el sistema político a la desconfianza generalizada. Algunos ya han comenzado a prepararse para la prueba.
Columna publicada en Capital el 10 de julio de 2015.
Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de su(s) autor(es) y no necesariamente representan al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
