Este martes 15 de diciembre se realizó la tercera sesión del ciclo Diálogos para la Democracia del Instituto de Asuntos Públicos (INAP). En la ocasión, Rodrigo Bustos, Jefe de la Unidad Jurídica y Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentó el Informe Programa de Derechos Humanos, Función Policial y Orden Público 2014.
El texto analiza los protocolos de Carabineros para el control del orden público, el actuar policial en las manifestaciones y el tratamiento a personas privadas de libertad, entre otras áreas. Además, entrega recomendaciones al respecto.
El Director del INAP, Hugo Frühling, dio la bienvenida a los presentes: "Ésta es nuestra tercera sesión de Diálogos para la Democracia. Este ciclo es una de las actividades de extensión del INAP, a través de las cuales buscamos entregar la investigación y la docencia que realizamos a la comunidad", señaló.
A continuación, Rodrigo Bustos presentó el informe.
"El INDH parte de una premisa: Hay un estándar internacional que indica que el derecho a manifestación debe estar regulado por normas legales. Lo que se requiere es que la ciudadanía notifique a la autoridad administrativa que va a realizar una manifestación para que ésta pueda tomar las medidas necesarias y facilitar la protesta. En ningún caso esa notificación a la autoridad debe entenderse como una autorización", señaló Rodrigo Bustos.
"En el uso de sus facultades legislativas el gobierno debería enviar al Congreso un proyecto de ley que regule el derecho de reunión en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos", agregó.
A continuación, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del INAP, Alejandra Mohor, comentó el informe.
"Si bien es cierto que ya han pasado casi cinco años desde que las policías pasaron a depender del Ministerio del Interior, aún faltan señales más claras de que el Ejecutivo puede ejercer un control de la función de las policías y realizar un diagnóstico general de qué falencias tienen estas instituciones y cómo se pueden resolver", explicó.
"Las policías son quienes ejercen el uso monopólico de la fuerza. Si no lo ejercen de manera adecuada los costos los asume la sociedad en su conjunto", indicó.
