Engañándonos con el cambio

Las prohibiciones ilegítimas e irracionales, como la del alcohol en EE.UU. en los años 20 o la de Uber hoy en día, no logran detener la actividad a la que apuntan. Lo que hacen es empujar a miles de buenos ciudadanos hacia una inútil clandestinidad. Y ¿cuál sería la razón? ¿Es una actividad nociva para la sociedad, como, por ejemplo, el narcotráfico? ¿Es un servicio que tiene como víctima al que lo ofrece, como la prostitución? No. La razón es que existe un pacto tácito entre un cartel de taxistas y el gobierno que vende licencias para controlar dicho cartel.

Hace rato que ha quedado en evidencia que Chile, lejos de ser el paraíso del libre mercado que muchos imaginan, es, en realidad, el reinado de los carteles. En los últimos doce años, más de 30 proyectos de ley para combatir la colusión y promover la libre competencia han sido presentados en el Congreso, la mayoría de los cuales siguen en tramitación.

En términos económicos, un cartel es un grupo de empresas que se coordinan para crear condiciones ventajosas en el mercado en que operan. Diversos sectores –las farmacias, los buses interurbanos, la industria de los pollos, los productores de papel tissue– han sido acusados de colusión, resultando en millonarias multas. Y si bien aún no han sido acusados o multados, existen otros sectores donde dos o tres grandes empresas dominan el mercado, que muy probablemente funcionan como oligopolios.

Pero la colusión y falta de competencia no solamente distorsionan la economía, sino también otros aspectos de la vida nacional. En la ciencia política, un sistema de partidos en forma de cartel es uno en que un grupo de agrupaciones coluden para competir de manera limitada, alternándose para poder acceder a los beneficios del poder. En Chile los partidos tradicionales, respondiendo a una crisis de confianza en la institucionalidad, han diseñado nuevas reglas del juego para acceder a financiamiento público, siempre y cuando se cumpla con requisitos que ellos mismos se han autoimpuesto. En suma, hacen todo lo posible para dificultarles el camino a nuevos actores. El objetivo es evitar la competencia y la innovación. Los que sufren las consecuencias son, otra vez, los ciudadanos que reciben una oferta insuficiente, malos servicios y malas prácticas.

Es lo que ocurre con los taxistas. Mientras que uno puede entender la frustración de un taxista honesto y trabajador que paga una millonaria patente para poder ganarse la vida, el sistema en su totalidad es uno en que la oferta es controlada por el Estado, que recibe una renta sea cual sea la calidad del servicio que experimentan los chilenos. Muchas veces ese servicio es subóptimo: viajes demasiado largos, choferes que no conocen la ciudad, autos cayéndose a pedazos, la incapacidad de dar vuelto por billetes de 10.000, cobros exorbitantes a turistas, etc.

En general a precios más bajos, Uber ofrece mejor servicio por una razón muy sencilla: la tecnología permite al consumidor evaluarlo y comunicarlo de forma instantánea. Pero el gobierno prefiere mantener el cartel, sosteniendo que el producto nuevo es ilegal. Reuniones varias con las autoridades han dejado en claro que al ministerio no le interesa regular servicios como Uber, poniendo como condición de negociación el cese inmediato de funcionamiento. Mientras tanto nosotros, los consumidores, seguimos viajando en autos viejos, dando vueltas innecesarias por la ciudad, pagando muchas veces de más...

Pero no nos engañemos: el cambio llega igual. Es bueno que se regule, que existan reglas claras, pero éstas deben estar diseñadas para proteger al público, no a los carteles. Regular para una tecnología anticuada no tiene sentido. Legislar para proteger al statu quo es tan viejo –y conservador– como cuestionar a Galileo. En esto, como en muchas otras cosas, el gobierno chileno está lejos de ser progresista.

Columna publicada en Capital.cl el 14 de abril de 2016.

Robert Funk es académico del INAP.

Las opiniones vertidas en esta columna son de responsabilidad de su(s) autor(es) y no necesariamente representan al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.