Diez años atrás la académica Rosemary O’Leary acuñó el concepto de "guerrilla en el gobierno" (guerrilla government) para hablar de las tensiones que se producen en el Estado entre las autoridades políticas y el resto de las y los funcionarios públicos. Esta situación se da cuando existen decisiones adoptadas por las autoridades políticas, que son vistas como no pertinentes, o sencillamente erradas, entre las y los funcionarios públicos de niveles inferiores. La guerrilla en el gobierno se traduce en acciones de protesta, más o menos abiertas, respecto de las decisiones de las autoridades políticas, de forma de impedir que ellas se materialicen o al menos buscar cambiarlas. Hay una tensión entre la legitimidad técnica de las y los funcionarios, y la democrática de las autoridades.
Lo ocurrido en el Ministerio de Salud, bajo la conducción del ex ministro Mañalich, no es ni más ni menos que un ejemplo de esto. Más allá de si los dichos de uno u otro funcionario involucrado son verdades o hubo algún delito, cuestión que es materia de investigación, es relevante darse cuenta de los problemas que hubo en la respuesta inicial del gobierno chileno a la crisis sanitaria. Las declaraciones que se han entregado, de ex y actuales funcionarios del Ministerio, muchos de ellos con vasta experiencia en la materia, muestran las tensiones entre la dirección superior y los niveles técnicos, respecto del manejo de la información sobre la materia. En la situación que se está empezando a conocer, se muestran acciones concretas de "reacción" en contra de las decisiones los superiores, evidenciando diferencias de criterios, y mostrando también serios problemas de gestión interna.
Este caso debe servir para avanzar en materias clave para el funcionamiento del Estado, como mejorar los sistemas de información para la toma de decisiones, y la necesidad de crear y reforzar las capacidades técnicas de los organismos públicos. Modernizando las instituciones se evitará que se sigan dando este tipo de situaciones. Junto con ello, se deben reforzar los marcos éticos de todos quienes trabajan en el sector público, de forma de evitar acciones que vayan en contra de la integridad del actuar público. Al final del día, todos deben trabajar en pos del bienestar de todos y todas.
Columna publicada en La Segunda el 30 de octubre de 2020.
Cristian Pliscoff es profesor asociado del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y Coordinador del Magíster en Gobierno y Gerencia Pública.
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