Centro de Análisis en Políticas Públicas

Contribuciones al debate constitucional n°1: medioambiente

El Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, en el cumplimiento de su misión de realizar investigación, prestar asesorías y efectuar extensión sobre los asuntos públicos relativos a las dimensiones de medio ambiente y ordenamiento territorial en el marco de un desarrollo ambientalmente sostenible, elaboró en 1999 la primera versión del Informe País: Estado del Medio Ambiente 1999. A este primer trabajo se sumaron los de 2002, 2005, 2008, 2012, 2015 y 2018. Una próxima versión Informe País: Estado del Medio Ambiente 2021 está en proceso de preparación y será publicado hacia fines de 2022.

La información recopilada, a lo largo de 20 años, permite concluir que los bienes de la naturaleza –suelos, aguas continentales, bosques nativos, biodiversidad, océano y la vida en él, el borde costero y la atmósfera urbana– continúan siendo afectados por procesos de deterioro. La huella ecológica crece y la ocupación territorial de los chilenos se expande, lo que equivale a decir que el país se empequeñece, no sólo porque la población continúa creciendo y cada vez hay menos tierra por habitante sino, también, porque la productividad y la riqueza de los ecosistemas decrece.

Las macropresiones representadas por el desarrollo económico y el crecimiento demográfico siguen activamente presentes. Particularmente, el crecimiento económico y los patrones de consumo y producción que lo caracterizan, ejerciendo una presión progresiva sobre el medio ambiente, con más generación de residuos y emisiones, con mayor consumo de recursos naturales y de energía impactando los ecosistemas y, en general, con la expansión de la población y sus actividades económicas ocupando y presionando todos los espacios de la geografía nacional.

De esta manera, la base de sustentación del desarrollo de Chile en el largo plazo se debilita, y bajo cualquier supuesto sobre la evolución del país en los próximos años, se vuelve necesario impulsar un proceso de desarrollo ambientalmente sustentable que asegure el bienestar de la población y la conservación de la naturaleza.

Para impulsar dicho proceso se requiere ir más allá de lo dispuesto en el artículo 19, número 8 de la actual constitución que establece:

"El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar por que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de derechos determinados o libertades para proteger el medio ambiente".

Existe un amplio consenso en cuanto a que, las disposiciones de la actual constitución se han tornado insuficientes para abordar la complejidad de las problemáticas ambientales, en particular, de aquellas que aquejan a las zonas de sacrificio, donde no se ha podido garantizar el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por otra parte, en la práctica, prevalecen otros derechos que, con sus proyecciones en la Ley, entrampan o limitan el mandato del artículo en referencia de tutelar la preservación de la naturaleza que, en una nueva perspectiva, se aspira al reconocimiento constitucional de su condición de sujeto de derechos que se pretende reivindicar.

Así, en un panorama social y ambiental de constante incertidumbre, el proceso constituyente abre la oportunidad de cambiar la actual carta magna por una que incluya principios, derechos y deberes desde una visión ambientalmente sustentable, lo que significaría un avance en el ordenamiento jurídico ambiental chileno, y con ello en la forma de hacer frente a las problemáticas socioambientales que aquejan actualmente al país, pues la constitución es la base a partir de la cual se desprenden las leyes que regulan el medio ambiente las obligaciones del Estado y el comportamiento de las y los ciudadanos.

El CAPP no ha querido quedar fuera de este importante proceso, y por ello desea contribuir al debate constitucional ambiental con una serie de notas técnicas y conceptuales que surgen de la reflexión y análisis del grupo interdisciplinario que lo conforma.

Sin perjuicio de que próximas contribuciones del CAPP abordarán temas ambientales y territoriales específicos y propuestas más acotadas, en las tablas a continuación se ilustra sobre los principios, derechos, deberes y conceptos generales que al CAPP parecieron más pertinentes y que se derivan de las propuestas constitucionales de variadas organizaciones y las opiniones de los propios constituyentes sin necesariamente suscribirlas en su texto y alcances.

Principios
  • Desarrollo ambientalmente sustentable
  • Democracia ambiental
  • Precautorio
  • Responsabilidad ambiental internacional
  • Contaminador-pagador
  • Respeto/conservación de la naturaleza

Derechos
  • A vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
  • Al acceso de los bienes y servicios ambientales.
  • De la naturaleza en sus componentes y procesos.
  • De los pueblos indígenas a su medio ambiente.
  • De acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales.
  • De participación ciudadana en decisiones ambientales.

Deberes
  • Del Estado, las personas y las actividades productivas en la protección del medio ambiente.
  • Del Estado de adoptar medidas de mitigación y adaptación respecto al cambio climático.
  • Del Estado de potenciar el desarrollo científico y tecnológico en la solución de los problemas ambientales, privilegiando las soluciones basadas en la naturaleza.
  • Del Estado de garantizar el derecho humano al agua.

Consideraciones generales
  • Revalorización y reconocimiento de la diversidad geográfica, ambiental y cultural propia de los territorios.
  • Ordenamiento y gobernanza territorial ambientalmente sustentable.
  • Reconocimiento de los tratados internacionales sobre temáticas ambientales.
  • Agua en todos sus estados físicos como bien nacional de uso público.
  • Usos prioritarios del recurso hídrico (consumo humano, saneamiento, y ecosistemas).
  • Sociedad diversa e inclusiva.
  • Restricción de derechos en pos de la protección ambiental.
  • Derechos ambientales individuales y colectivos.

Del conocimiento sobre el estado del medio ambiente expuesto en las últimas versiones del Informe País que prepara el CAPP con las contribuciones de especialistas de la Universidad de Chile y de otras universidades nacionales, espera colaborar con la Convención Constituyente para asegurar que la nueva constitución incorpore los elementos que aseguren el desarrollo ambientalmente sustentable del país, el bienestar de la población y el reconocimiento de que hay umbrales que, si se traspasan, afectarán no sólo a la naturaleza y su diversidad, sino también la calidad de vida a la que la sociedad aspira.

Documento elaborado por el Centro de Análisis en Políticas Públicas del INAP.

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