1. Los informes sobre el estado del medio ambiente preparados por el Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP), en síntesis, llevan a concluir que los bienes de la naturaleza: suelos, aguas continentales, bosques nativos, biodiversidad, océano y la vida en él, el borde costero, y la atmósfera urbana continúan siendo afectados por procesos de deterioro. La huella ecológica de los chilenos se expande, lo que equivale a decir que el país se empequeñece, no sólo porque la población continúa creciendo y cada vez hay menos tierra por habitante sino, también, por que la productividad y la riqueza de los ecosistemas decrece. Chile se vuelve más pequeño.
2. Se suma la amenaza del cambio climático, consecuencia de la expansión demográfica y económica y la sobre explotación centenaria de la biósfera planetaria a que ha dado lugar, ahora evidente, con sus efectos negativos para la naturaleza y la humanidad, agudizados por fenómenos climáticos extremos y sus consecuencias. La pandemia del COVID-19, cuyas secuelas en el futuro próximo todavía desconocemos, parece ser otra consecuencia global y extrema de las presiones sobre la naturaleza.
3. Se puede inferir que, la base de sustentación del desarrollo de Chile, definido de cualquier modo, en el largo plazo, se debilita y que, bajo cualquier supuesto sobre la evolución del país en los próximos años, será necesario adoptar un estilo de desarrollo ambientalmente sustentable que asegure el bienestar de la población y la conservación de la naturaleza, el buen vivir.
4. Ha habido, en todo caso, algún progreso a lo largo de los casi 20 años que cubren los informes del CAPP como lo es la declinación de la contaminación del aire de Santiago, el mejoramiento de la calidad del agua a escala nacional, los avances en la gestión ambientalmente adecuada de los residuos, la generación de energías limpias y la expansión de la conservación de la naturaleza a través de la declaración de nuevas áreas protegidas públicas y privadas, terrestres y marinas; también ha habido progreso en otras áreas, como en el caso de la agricultura y en el manejo de los suelos aunque, en general, a una escala muy reducida, pero demostrando la viabilidad tecnológica de sistemas alternativos.
5. Ha crecido, sin duda, la preocupación y la acción ciudadana en torno a estas materias y se ha complejizado el marco jurídico-institucional separando las funciones de política y regulación de las de prevención y de gestión y fiscalización, y se han creado tribunales ambientales.
6. Se abren, por otra parte, posibilidades concretas de un proceso de descentralización de la gestión pública que, para asegurar el uso racional de los recursos naturales y, al mismo tiempo, proteger el patrimonio natural de las regiones, tendría que traducirse en esquemas de ordenamiento territorial intrínsicamente ambientales.
7. Sin embargo, los esfuerzos realizados desde la gestión ambiental pública para revertir la situación que se describe no han sido suficientes y hay quienes se preguntan, si serán suficientes alguna vez, si la inteligencia humana – que nos ha deslumbrado hasta ahora – conseguirá enfilar el país en un estilo de desarrollo ambientalmente sustentable que asegure el buen vivir de la sociedad en armonía con la naturaleza a la que, cada vez más, se le están reconociendo derechos que, por lo demás, representan el derecho del conjunto y de cada una de las especies entrelazadas e interdependientes en la trama de la biósfera.
8. Las macro presiones representadas por el desarrollo económico y el crecimiento demográfico siguen activamente presentes. Particularmente, el crecimiento económico y los patrones de consumo y producción que lo caracterizan, ejerciendo una presión progresiva sobre el medio ambiente, con más generación de residuos y emisiones, con mayor consumo de recursos naturales y de energía impactando los ecosistemas y, en general, con la expansión de la población y sus actividades económicas ocupando y presionando todos los espacios de la geografía nacional.
9. Se requiere completar y avanzar en la consolidación y fortalecimiento del marco jurídico-institucional ambiental transversal, sectorial, regional y municipal; racionalizar y armonizar las políticas públicas económicas, sociales y sectoriales con implicaciones ambientales generalizando la evaluación ambiental estratégica de las mismas y desarrollar un sistema de gobernanza ambiental del territorio que incorpore la participación efectiva de las organizaciones y la comunidad. La nueva constitución abre esperanzas al respecto.
10. Es necesario fortalecer la dimensión ambiental en los distintos ministerios y en los procesos que desarrollan, en particular en las políticas públicas económicas, sociales y sectoriales que suelen tener efectos ambientales negativos, no pocas veces en oposición a las políticas públicas ambientales.
11. En especial, es necesario fortalecer el rol del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en materias ambientales, así como la investigación científica y el desarrollo y adaptación de tecnologías en estas materias, y asegurar el acceso a la información, la participación ciudadana y a la justicia ambiental suscribiendo y ratificando el postergado Acuerdo de Escazú.
12. Es importante tener presente los acuerdos ambientales multilaterales y los aspectos ambientales de los acuerdos bilaterales, firmados y ratificados y revisar el status de cumplimiento nacional de los mismos, básicamente su reglamentación e implementación. En esta línea, con una visión de largo plazo, es necesario activar la cooperación bilateral y subregional en torno a la gestión de ecosistemas compartidos con otros países como la puna, la estepa patagónica, el océano y la Antártica.
13. Los liderazgos sociales, políticos, económicos y culturales todavía no terminan de aceptar, y menos internalizar, la realidad ecológica del país y los costos sociales y económicos, predominantemente externalidades negativas, que el progresivo deterioro impondrá al país. Se puede pronosticar, dado el contexto actual, que se expandirá la conciencia y preocupación ciudadana, probablemente en línea con esta perspectiva ambiental del CAPP, ejerciendo una creciente presión sobre dichos liderazgos y sobre los poderes del Estado.
14. En suma, el CAPP propone la adopción constitucional de un estilo de desarrollo ambientalmente sustentable que, en breve, implique bienestar de la población, el buen vivir, y reconocimiento de que hay umbrales que, si se traspasan, afectarán, no sólo a la naturaleza y su diversidad, también ese bienestar al que la sociedad aspira.
15. En el marco del proceso constituyente se abrirá un espacio de debate, ojalá fructífero, que dará lugar a la incorporación de consideraciones ambientales en los textos constitucionales, en particular, en el preámbulo de la nueva constitución y en los apartados relativos a los principios, a los derechos humanos y de la naturaleza y a los deberes de la sociedad – las personas, las organizaciones y las empresas – y del Estado.
16. Finalmente, el CAPP, como centro de investigación, docencia y extensión, espera fortalecer el estudio de conceptos y teorías relativas al medio ambiente y a su incidencia, determinante de su conservación y del bienestar de la sociedad, revisando la validez de conceptos, planteamientos, terminologías, etc., que surgen de cuando en cuando, muchas veces con un propósito meramente comercial.
Documento elaborado por Francisco Brzovic Parilo, Coordinador Área Medio Ambiente del CAPP, y Nícolo Gligo Viel, Ex Director del CAPP.
