Este miércoles 17 de noviembre, el Instituto de Asuntos Públicos (INAP) presentó su tercer Informe de Política Pública, titulado “¿Qué aspectos sobre la administración pública deben estar en la Constitución?”. El documento fue elaborado por el grupo de investigación Reforma del Estado del INAP.
El encuentro contó con la participación de los autores del texto Cristian Pliscoff, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y Thomas Griggs, académico del INAP. Comentaron su presentación el Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil de Uruguay, Conrado Ramos y la profesora del INAP, Verónica Figueroa Huencho.
A través de tres aspectos sustantivos de la administración pública como empleo público, probidad y transparencia y órganos autónomos, este informe elaboró una radiografía sobre la actual constitución en Chile y la comparó con otras constituciones de América Latina.
“Estos tres principios conforman de alguna manera el modo de actuar de la administración pública, definen cuestiones estructurales y condiciones para el ejercicio de la función pública”, aseguró Cristian Pliscoff.
Análisis constituciones
En cuanto al empleo público, la Constitución chilena aborda la continuidad de la función pública, las remuneraciones de las altas autoridades y las bases generales de la administración del Estado.
Según el académico Cristian Pliscoff la constitución chilena "se entregan elementos muy generales y no se entra en discusiones específicas, cuestión que sí se da en otras constituciones”, dijo.
De esta forma, se hace la comparativa con las constituciones de Colombia, Brasil, Uruguay y Perú. En este último país, “se profundiza en el tema de la sindicalización, expresamente se señala el derecho a sindicalización y huelga, que en el caso chileno no es posible”, añadió Pliscoff.
Sobre probidad y transparencia, Cristian Pliscoff explicó que "en la Constitución no existen los temas de transparencia de manera tan explícita como por ejemplo, el carácter que se le dió al Consejo para la Transparencia, de ser un órgano autónomo pero no de rango constitucional”.
Sin embargo, esta realidad no es lejana al resto de países analizados. “Chile es muy similar al resto de las constituciones de la región, no están muy desarrollados los temas de probidad y transparencia en los marcos normativos constitucionales”, finalizó Pliscoff.
En cuanto a la autonomía, la constitución chilena reconoce la existencia de 10 órganos autónomos que separa y crea un equilibrio entre los distintos poderes existentes como lo sería por ejemplo, Contraloría General de la República, Banco Central, Servicio Electoral, Ministerio Público, Consejo Nacional de Televisión, entre otros.
Para el académico del INAP, Thomas Griggs, las otras constituciones analizadas también tienen “bastantes similitudes con el caso chileno”.
El profesor Griggs aseguró que el fin de este informe es “levantar algunos temas que creemos que son importantes y fundamentales para incorporar en este debate constitucional ya sea en la constitución o en leyes orgánicas, pero que finalmente permitan llevar al administración pública a una acción más eficiente, eficaz y volcada hacia los problemas de la ciudadanía”.
Administración Pública y Nueva Constitución
Para el Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil de Uruguay, Conrado Ramos, se aproximan desafíos importantes para Chile donde debe definir qué tipo de función pública aspira ya que “la mayoría de los funcionarios públicos están en contrata”, afirmó.
“Es cierto que la constitución en Uruguay ahonda muchísimo más en las características de la carrera administrativa. Ahora el tema es si ustedes quieren carrera administrativa y hacia dónde quieren ir. Hay una decisión sobre avanzar en esta materia ya que genera marcos normativos muy claros pero también rigideces”, agregó.
La profesora del INAP, Verónica Figueroa Huencho, aseguró que en la actualidad existe una crisis en las instituciones que provoca limitaciones en la democracia y falta de representación.
“Esperamos una constitución que se haga cargo y avance hacia un Estado plurinacional con perspectiva de género, situada desde la equidad intergeneracional. Por lo tanto, la administración pública y sus definiciones dentro de la nueva constitución serán claves”, afirmó la académica.
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